Reconocimiento De Responsabilidad, Pago Anticipado Y Reducción Sobre El Importe De La Sanción

Buenos días, 

En una actuación inspectora, una empresa es sorprendida con un trabajador que en ese momento no estaba de alta.

La inspección levanta una propuesta de infracción grave en grado mínimo por valor de 3.126€ y de manera subsidiaria se aplica la sanción de perdida de bonificaciones en la empresa por un periodo de un año.

En el mismo documento se informa de que en base al art 85.1, 2 y 3  de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, la empresa se puede acoger a una reducción del 40% del importe de la sanción si esta tiene carácter únicamente pecuniario si se admite la responsabilidad y se procede al pronto pago de la misma. 

La duda que se me plantea, es que al existir la sanción que prohíbe la aplicación de bonificaciones por un periodo de 12 meses, esa posibilidad de reducir el importe de la sanción queda anulada ya que de esta manera la sanción ya no es exclusivamente pecuniaria. 

Muchas gracias



 21/11/2019 Usuario LEXA Online

Respuesta de despacho:

 22/11/2019 LEXA Abogados
 Buenos días,
 
El artículo 85.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece la posibilidad de que se reduzca la sanción impuesta, de la siguiente forma:
 
3. En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. Las citadas reducciones, deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.  

El porcentaje de reducción previsto en este apartado podrá ser incrementado reglamentariamente.
 
Por tanto, como veis, la aplicabilidad de dicha reducción está sujeta a la imposición de una sanción que únicamente tenga carácter pecuniario. De esta forma, se hace necesario determinar si la imposición de una sanción consistente en la pérdida de bonificaciones en la empresa por un periodo de un año anula la posibilidad de reducir la sanción.
 
En este sentido, el artículo 46.1 de la LISOS establece, como sanción accesoria, la siguiente:
 
1. Sin perjuicio de las sanciones a que se refiere el artículo 40.1 y, salvo lo establecido en el artículo 46 bis de esta ley, los empresarios que hayan cometido las infracciones graves previstas en los apartados 3 y 6 del artículo 15 o las infracciones muy graves tipificadas en los artículos 16 y 23 de esta ley, en materia de empleo, formación profesional para el empleo y protección por desempleo:  

a) Perderán, automáticamente, y de forma proporcional al número de trabajadores afectados por la infracción, las ayudas, bonificaciones y, en general, los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo o formación profesional para el empleo, con efectos desde la fecha en que se cometió la infracción.  

La pérdida de estas ayudas, subvenciones, bonificaciones y beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo o formación profesional para el empleo afectará a los de mayor cuantía, con preferencia sobre los que la tuvieren menor en el momento de la comisión de la infracción. Este criterio ha de constar necesariamente en el acta de infracción, de forma motivada.
 
Así, la sanción impuesta de pérdida de bonificaciones tiene carácter accesorio. En este sentido, cabe señalar que la misma no tiene carácter pecuniario, con lo que no se podrá aplicar la reducción señalada en dicho artículo. Así lo ha previsto igualmente la jurisprudencia, a lo que se cita la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Rioja 126/2013, de 4 de julio, que establece que:
 
“En el supuesto presente es claro que el acta de infracción y el de liquidación de cuotas no se fundan en los mismos hechos pues aquella se basa en el hecho de que el demandante ha trabajado por cuenta propia cuando era perceptor de la prestación por desempleo sin haberlo comunicado a la entidad gestora (infracción en la que se incurre aunque ese trabajo no exija el alta en alguno de los regímenes obligatorios de la Seguridad Social como así precisa el artículo 221 LGSS, sin que, por tanto, de los hechos justificantes de esa infracción se derive un efecto liquidatorio de cuotas), en tanto que el acta de liquidación es consecuente exclusivamente al hecho de haber trabajado el actor sin alta y cotización al RETA por cumplir los requisitos de obligatoria inclusión en dicho Régimen. Y, finalmente, la sanción impuesta no es de carácter pecuniario que permita la reducción al 50% de su cuantía por la conformidad a la liquidación a la liquidación practicada y pronto pago de la misma.
 
Por tanto, habiendo una sanción de carácter pecuniario, y accesoriamente otra que no es de carácter pecuniario, entendemos que no procede la reducción a la que hace referencia el artículo 85.3 de la Ley 39/2015.
 
No obstante, viendo que en el acta de infracción se contiene dicha posibilidad de reducción, que el caso tiene pocas posibilidades de defensa, y que la sanción se ha impuesto en su grado mínimo, vemos recomendable reconocer la responsabilidad y proceder al pronto pago de la misma, ya que, al estar expuesto en el acta la posibilidad de la reducción, puede que la administración aplique el descuento sobre la sanción pecuniaria.
 
En conclusión:
  • La reducción de las sanciones prevista en el artículo 85.3 de la Ley 39/2015 se aplica cuando únicamente existe una sanción de carácter pecuniario.
 
  • En este caso, la sanción de pérdida de bonificaciones durante un año no tiene carácter pecuniario, siendo esta accesoria.
 
  • Por tanto, en este caso, entendemos que no procede la aplicación de la reducción señalada, en tanto que se han impuesto dos sanciones, una pecuniaria y otra no pecuniaria.

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Eduardo Castilla Baiget
Eduardo Castilla Baiget
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Vanesa León Arguedas
Vanesa León Arguedas
Graduada en Derecho y Máster Universitario en Acceso a la Abogacía por la Universidad Pública de Navarra
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José Ángel Brugos Larumbe
Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra
Juncal Fernández
Juncal Fernández
Graduada en Derecho por la Universidad de Navarra y realizó el Máster de Acceso a la Abogacía por la UNED