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Prolongacion It

Tenemos una trabajadora que tras 365 días de baja por IT le han concedido una prolongación de la misma. Queremos saber que caos se nos puedenpresentar. Presuponemos quepude suceder esto: 6 meses de prolongación de baja, despues un ninicio d epropuesta de IP hasta los 730 días. Si finalmente hay declaración de IP con probable revisión por mejoría y por ello suspensiva de la relación laboral, sin posibilidad de extinguila. si se reserva el puesto y finalmente no se incorpora (no por voluntad de la trabajadora), ¿Como se hace la liquidación? ¿hay que indemnizarla? ¿cuenta el tiempo de suspensión como antiguedad para el calculo de posible indemnización? . Gracias

 24/02/2014 usuario883

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Respuesta de despacho:

 25/02/2014 despacho1
Buenas tardes:

Efectivamente, y en primer lugar, el contrato no debéis extinguirlo, ya que en virtud del art. 48.2 del ET, el contrato se mantendrá suspendido:
“En el supuesto de incapacidad temporal, producida la extinción de esta situación con declaración de invalidez permanente en los grados de incapacidad permanente total para la profesión habitual, absoluta para todo trabajo o gran invalidez, cuando, a juicio del órgano de calificación, la situación de incapacidad del trabajador vaya a ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría que permita su reincorporación al puesto de trabajo, subsistirá la suspensión de la relación laboral, con reserva del puesto de trabajo, durante un período de dos años a contar desde la fecha de la resolución por la que se declare la invalidez permanente.”

Pero en todo caso, debéis hacer igualmente el finiquito. No hay diferencia en el finiquito entre extinción y suspensión pero si extinguís cuando corresponde la suspensión, estáis realizando un despido improcedente. Por lo tanto, debéis abonar el finiquito, y sin más ser conscientes de que su contrato no está extinguido sino suspendido.

Transcurrido el plazo de 2 años, si hay revisión por mejoría, el contrato se reactivará y tendréis que reincorporar al trabajador. En cambio, si pasan los 2 años exactos sin que al trabajador le hayan reconocido la mejoría, el contrato quedará extinguido.

En ese caso, el artículo 49.1 recoge, como causa de extinción del contrato:
“e) Por muerte, gran invalidez o invalidez permanente total o absoluta del trabajador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48.2.”
En este sentido, en la sentencia del Tribunal Supremo, de 28 de mayo de 2009, se desestima la pretensión del trabajador porque había solicitado el reingreso pasados los 2 años de reserva del puesto. Se trata de un supuesto en el que la revisión de su incapacidad había sido iniciada justo a los dos años, pero la Resolución administrativa que lo declaraba apto para el trabajo había sido dictada 5 meses después, por lo que habían pasado 2 años y 5 meses cuando el trabajador solicita el reingreso. El trabajador alegaba que se había instado la revisión en el plazo de los dos años, y que tenía derecho a la reserva del puesto de trabajo. El Tribunal Supremo, entiende que el plazo de los 2 años para reserva del puesto de trabajo es inexorable, y que si han pasado dos años y medio (a pesar de que se instó la revisión en plazo, justo a los dos años) no es responsabilidad de la empresa.

Por otro lado, en estos casos, la extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente no genera derecho a indemnización por disposición legal, pero puede entrañar el cobro con cargo al empresario de prestaciones o indemnizaciones complementarias a las de seguridad social si así estuviera previsto en pacto o convenio colectivo.

Si ello sucediese (indemnización establecida en Convenio o indemnización voluntaria), la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 10 de junio de 2003, entiende que el período de 2 años no es computable a efectos de antigüedad:
“Pese a la cita de STSJ Cataluña 18-3-98, esta Sala entendiendo que todos los elementos interpretativos de los preceptos citados conducen a la conclusión de que dicho período NO es computable, como la sentencia efectúa, a efectos de cálculo de la indemnización por despido.

Los antecedentes normativos preveían la extinción del contrato en caso de declaración de incapacidad permanente total para la profesión habitual contratada. La incidencia de la supresión de la invalidez provisional (tras la incapacidad laboral transitiva) provocó la proliferación de declaraciones «provisionales» de invalidez permanente con posibilidad de revisión razonable en término no superior a 2 años.

La modificación legislativa que introdujo la reserva de reingreso en la empresa en tales supuestos tuvo por finalidad no dejar extintos aquellos contratos por la antedicha razón.

Pero es lo cierto que, con posibilidad o no de revisión, la declaración de invalidez permanente total no es equiparable a la de incapacidad TEMPORAL.

Ésta suspende «per se» a todos los efectos legalmente conferidos el contrato de trabajo; aquélla (que lo extinguía) la deja con reserva de plaza para el reingreso pero ese reingreso nace en quien es revisada su incapacidad permanente y por ello deja de ser pasivo –beneficiario del sistema de la Seguridad– en activo –cotizante al mismo– precisamente en función de una cautela legal para no dejarle sin empleo por causa –invalidez permanente revisable y revisada– a él inimputable.

La propia declaración de invalidez permanente total (pese a su posibilidad de revisión) produce que el trabajador no pueda «prestar servicios efectivos» (módulo del cálculo temporal para la indemnización) en la profesión habitual para la que es declarado incapaz.

La consecuencia no puede ser otra que el tiempo de percepción de prestaciones por IPT no es computable a efectos del cálculo de la indemnización por despido al no indicarlo así el artículo 48–2º E.T. de forma expresa y derivar de la lógica que una incapacidad incapacita lo incapacitado –esto es la prestación efectiva de servicio para la empresa–.”

No obstante, tal y como hemos señalado, si el Convenio o el contrato no prevén el abono de una indemnización en el supuesto de extinción del contrato por incapacidad permanente, la empresa no tendrá obligación de abonarla.

Esperamos haber resuelto su consulta.

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Joaquín Castiella Sánchez-Ostiz
Joaquín Castiella Sánchez-Ostiz
Es Licenciado en Derecho y Diplomado por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Navarra
Izaskun Aldabe Muro
Izaskun Aldabe Muro
Graduada en Derecho por la Universidad Pública de Navarra y Premio Extraordinario Fin de Carrera. Máster de Acceso a la Abogacía en la Universidad Pública de Navarra
José Ángel Brugos Larumbe
José Ángel Brugos Larumbe
Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra
Juncal Fernández
Juncal Fernández
Es Graduada en Derecho por la Universidad de Navarra y realizó el Máster de Acceso a la Abogacía por la UNED