Procedimiento Sancionador

El mes julio/2019 se ha tenido una comparecencia ante la inspección de trabajo donde nos cita y nos solicita una serie de documentos como consecuencia de un accidente ocurrido el mes de abril del 2.019

Desde esa fecha no hemos vuelto a tener comunicación de la Inspección de Trabajo. Ahora en el mes de enero hemos vuelto a tener nueva visita en el centro de trabajo como consecuencia del mismo accidente, donde se nos vuelve a requerir nueva documentación esta documentación es diferente a la primera diligencia.

La Ley 13/2012 de 26 diciembre , establece que la actividad inspectora tiene una duración inicialmente de 9 meses, ampliable a otros 9 en caso de dificultades ( que en principio no las hay),  además establece que el plazo durante el cual la inspección puede interrumpir su actividad sin producir la caducidad del expediente es de 5 meses.

Desde la fecha de julio donde se compareció ante la inspección de trabajo por diligencia de esta a nueva visita de la inspección al centro de trabajo  y diligencia de requerimiento  enero 01/2020 han transcurrido más de 5 meses .

¿ Nuestra intención es atender la nueva diligencia, pero nos surge la duda si en caso de que se levantara acta de infracción sería posible recurrir alegando la caducidad del procedimiento por la interrupción de más de 5 meses?



 13/01/2020 Usuario LEXA Online

Respuesta de despacho:

 14/01/2020 LEXA Abogados
Buenos días,
 
El artículo 21 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, establece, respecto a las modalidades y documentación de la actividad inspectora, lo siguiente:
 
4. Las actuaciones comprobatorias no se dilatarán por espacio de más de nueve meses salvo que la dilación sea imputable al sujeto a inspección o a las personas dependientes del mismo. No obstante, podrá ampliarse, con el alcance y requisitos establecidos reglamentariamente, por otro periodo que no excederá de nueve meses, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:  

a) Cuando las actividades de inspección revistan especial dificultad y complejidad. Se entiende que se produce atendiendo al volumen de operaciones de la persona o de la entidad, por la dispersión geográfica de sus actividades, y en aquellos otros supuestos que indique una norma reglamentaria.  

b) Cuando en el transcurso de las mismas se descubra que el sujeto inspeccionado ha obstruido u ocultado al órgano inspector alguna de sus actividades o de las personas que las desempeñen.  

c) Cuando la actuación inspectora requiera de cooperación administrativa internacional.  

Asimismo, no se podrán interrumpir por más de cinco meses, salvo que la interrupción sea causada por el sujeto inspeccionado o personas de él dependientes, o cuando se constate la imposibilidad de proseguir la actuación inspectora por la pendencia de un pronunciamiento judicial que pueda condicionar el resultado de la misma.  

Las comprobaciones efectuadas en una actuación inspectora tendrán el carácter de antecedente para las sucesivas.  

(…)
 
Por tanto, efectivamente, el referido artículo establece un plazo de caducidad del procedimiento previo al procedimiento sancionador de 5 meses.
 
Respecto a la posibilidad de alegar la caducidad del procedimiento en un momento posterior, como pueden ser las alegaciones al acta de infracción, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 442/2016, de 8 de marzo, establece que:
 
Varias cuestiones son las que hemos de analizar. La primera es si la caducidad invocada por la empleadora ha de analizarse o no en este litigio, pues como recuerda la Juzgadora de instancia y no se contradice por la recurrente, es en la vista oral cuando por primera vez se invoca. Así, ni en la tramitación del expediente administrativo, ni tampoco en la demanda, se dijo nada al respecto, lo que le llevó a concluir que no era viable tal debate al constituir un hecho nuevo de acuerdo al art. 72, de la  LRJS.
 
Sin embargo, no es ese nuestro criterio. Así, la caducidad es analizable de oficio, de tal manera que no era imprescindible que la Mancomunidad la hubiera invocado previamente en el expediente administrativo y/o en demanda.
 
En ese orden de cosas, habremos de remitirnos a la jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS en adelante), y más concretamente a las  sentencias de 4-10-2007, rec 5405/2005 ,  26-11-2012, rec. 3772/2011 y 22-5-2015, rec. 2150/2014. Reseñan en ese sentido que: "¿ hay determinado tipo de materias respecto a las que no es aplicable el principio de justicia rogada, las cuales constituyen verdaderas excepciones al mismo, pues el Juez o Tribunal puede y debe proceder de oficio a su análisis y resolución, sin necesidad que hayan sido alegadas previamente por alguna de las partes. Obviamente se trata de materias de derecho necesario que afectan de forma especialmente relevante al orden público del proceso, lo que obliga al Juez o Tribunal a velar específicamente por la observancia y cumplimiento del mismo...Uno de estos temas es, precisamente, el instituto de la caducidad".
 
No obstante, también incorpora un matiz. A saber: "¿ Si esos hechos, datos o elementos no han quedado debidamente acreditados o es dudosa su existencia, el Juez o Tribunal no puede apreciar de oficio tal caducidad , pues no existe base para ello, y por consiguiente si lo hace se arriesga a adoptar una decisión equivocada y contraria a derecho, con manifiesta indefensión del trabajador demandante¿".
 
Por tanto, como veis, existen determinadas instituciones jurídicas, como la caducidad, que no exigen su alegación previa para que puedan ser apreciadas posteriormente de oficio. De esta forma, no vemos problema alguno en que aleguéis la caducidad del expediente administrativo en el recurso del acta de infracción.
 
Ahora bien, deberéis tener en cuenta que, pese a que se declare la caducidad del procedimiento, si los hechos que están siendo investigados no han prescrito, la Administración tendrá la posibilidad de volver a iniciar un procedimiento con base en los mismo hechos. Ello se desprende del artículo 7.5 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social.
 
En conclusión:
  • La regulación del procedimiento administrativo sancionados establece un plazo de caducidad del procedimiento de 5 meses, para el caso de que se interrumpan las actividades de investigación por un plazo superior a 5 meses.
 
  • Respecto a su alegación, la caducidad se trata de una institución que es apreciable de oficio, con lo que, pese a su no alegación en un determinado momento, es posible solicitarla en un momento posterior.
 
  • Por tanto, en vuestro caso, es posible que aleguéis la caducidad del procedimiento en el momento de recurrir el acta de infracción, e igualmente es posible que esta se aprecie con posterioridad por un tribunal.
 
  • Ahora bien, deberéis tener en cuenta que, pese a la caducidad del procedimiento, la Administración podrá iniciar un nuevo procedimiento basado en los mismo hechos, siempre que la infracción derivada de dichos hechos no haya prescrito.

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