2020-08-06 09:15:44

Nuevo Contrato Tras Una Baja De Oficio

Buenas tardes, 

Empresa (hostelería) que por falta de envió de los seguros sociales e impago de la cuota de autónomos, la TGSS realiza baja de oficio por no acreditar la actividad de la empresa en fecha 14/03/2020 y el contrato era hasta el 30/04/2020 fecha en la que se reconoce la baja. 

La situación es: 

Las trabajadores han continuado su actividad normal (excepto los meses de confinamiento, que no han trabajado al estar obligados a cierre y tampoco se ha llevado a cabo ERTE), la idea de la empresa era prorrogar el contrato 6 meses más, pero debido al COVID no se hizo la prorroga, pero las trabajadoras según comunica la empresa han seguido trabajando desde la entrada en la nueva normalidad  11 de mayo, hasta que se recibió la carta de resolución de baja 04/06/2020 y la intención es que sigan trabajando. 

La pregunta es: 

- Dar de alta con efectos retroactivos desde el 01/05/2020 o 11/05/2020 ya que han estado trabajando, hacerlo ahora o esperar a resolución de Recurso de Alzada. 

- O bien dar de alta desde el día en que el Recurso de Alzada sea favorable


Un saludo

 27/07/2020 Usuario LEXA Online

Respuesta de despacho:

 30/07/2020 LEXA Abogados
Buenos días,
 
En primer lugar, el artículo 16 de la LPACAP dispone en relación con la afiliación, altas, bajas y variaciones de datos lo siguiente:
 

4. Tanto la afiliación como los trámites determinados por las altas, bajas y variaciones a que se refiere el artículo anterior podrán ser realizados de oficio por los correspondientes organismos de la Administración de la Seguridad Social cuando, a raíz de los datos de que dispongan, de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o por cualquier otro procedimiento, se compruebe la inobservancia de dichas obligaciones.
 

Por tanto, la administración es competente para determinar de oficio la baja, por incumplir las obligaciones correspondientes a la afiliación en los regímenes de la SS.
 
Ante esta situación, os recomendamos presentar el recurso de alzada junto con pruebas que acrediten la actividad de la empresa. Entre otras, pueden ser las siguientes:
 
  • Nóminas de las trabajadoras.
  • Contratos de las trabajadoras.
  • La Relación Nominal de las Trabajadoras.
  • Registro de jornada de los trabajadores.
  • Facturas emitidas.
  • Facturas de las instalaciones en las que se realiza la actividad (luz, agua etc.).
Por tanto, una vez presentado el recurso de alzada y acreditada la actividad de la empresa, el tribunal considerará declarar la anulación o no del acto administrativo que declaro la baja de la empresa de oficio, por inactividad. 
 
En un supuesto similar al vuestro se pronuncia la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco, de 29 de noviembre de 2018, declarando la anulación de la baja de oficio de un trabajador en la empresa en la que trabajaba:
 
En el supuesto que nos ocupa, aunque la sentencia dictada el 9.11.2016 por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Vitoria/Gasteiz se dicta frente a una resolución sancionadora, y el tipo infractor exige un dolo específico, al referirse a "connivencia", el hecho es que la misma se imputaba respecto de alargar fraudulentamente la relación laboral, lo que concluye negando la sentencia dictada. Y, como resulta de su lectura, asumiendo la existencia de relación laboral, aunque se tratara de una empresa en crisis, o incluso en situación de inactividad . Básicamente los hechos que llevan a esta conclusión son los mismos que sustentan la decisión administrativa que nos ocupa, lo que debe llevar a la Sala a concluir que la cuestión debatida fue resuelta en la sede jurisdiccional genuina, la Jurisdicción Social, que concluyó que no se ha acreditado la existencia de connivencia entre empresario y trabajador para "aparentar" la existencia de una relación laboral, aceptando o asumiendo, por lo tanto, que ésta existía realmente, y no era mera apariencia para lograr indebida prestaciones de la Seguridad Social. Concluir que no existía tal relación laboral, en el criterio de la Sala, afectaría a la intangibilidad del pronunciamiento firme dictado por la Jurisdicción Social, que es el orden jurisdiccional directamente competente para conocer si existe o no relación laboral.
 
Por tanto, en esta sentencia el tribunal declara la inexistencia de connivencia entre el empresario y el trabajador que fundamentó la decisión de la TGSS de declarar la baja de oficio del trabajador. En este sentido, la TGSS pretendía sancionar la connivencia para la obtención de una prestación.
 
Así, cabe analizar los efectos de la declaración de anulabilidad de los actos administrativos, regulados en el artículo 72 de la LJCA:
 
1. La sentencia que declare la inadmisibilidad o desestimación del recurso contencioso-administrativo sólo producirá efectos entre las partes.

2. La anulación de una disposición o acto producirá efectos para todas las personas afectadas. Las sentencias firmes que anulen una disposición general tendrán efectos generales desde el día en que sea publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada. También se publicarán las sentencias firmes que anulen un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas.

3. La estimación de pretensiones de reconocimiento o restablecimiento de una situación jurídica individualizada sólo producirá efectos entre las partes. No obstante, tales efectos podrán extenderse a terceros en los términos previstos en los artículos 110 y 111.
 
Por tanto, anulación de un acto administrativo singular, como es el presente, solo producirá efectos para las personas afectadas.
 
En conclusión:
 
  • La administración es competente para determinar de oficio la baja, por incumplir las obligaciones correspondientes a la afiliación en los regímenes de la SS.
  • En esta situación, es recomendable presentar, junto con el recurso de alzada, las pruebas que acrediten la actividad de la empresa.
  • Así, en caso de que el Tribunal declare la anulación de la baja de oficio, dicha anulación afectará desde el momento en que se dictó el acto administrativo. Es decir, desde el 1 de mayo de 2020.
  • En todo caso, si el trabajador actualmente viene prestando servicios, y no esta de alta, se encuentra en una situación irregular y de desprotección, con lo que en caso de accidente o similar supone un riesgo para la empresa. A nuestro juicio, y sin perjuicio del Recurso, por prudencia procederíamos a su alta en SS.
 
 

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