Documentacion Contrata

Hola, buenas, me pide una subcontrata (es decir, la empresa que ha entrado en el servicio de seguridad), el contrato que teníamos con la anterior contrata para un juicio. ¿Podemos pasarles esa documentación sin el consentimiento de la anterior contrata? Nosotros no tenemos ningún problema en pasarlo. ¿Habría alguna sentencia al respecto?

 17/11/2015  usuario92

Respuesta de despacho:

 23/11/2015  despacho1

Buenos días:

En primer lugar, en casos, en que como el vuestro, una empresa principal (Centro Comercial La Farga) subcontrata el servicio de limpieza con otras empresas (primero con Grupo BN, y ahora con Grupo 1NE), el Estatuto de los trabajadores establece obligaciones respecto de la empresa principal que legitiman las cesiones o comunicaciones de datos personales de los empleados.

Así, el artículo 42.2 del Estatuto de los Trabajadores señala lo siguiente:

El empresario principal, salvo el transcurso del plazo antes señalado respecto a la Seguridad Social, y durante los tres años siguientes a la terminación de su encargo, responderá solidariamente de las obligaciones referidas a la Seguridad Social contraídas por los contratistas y subcontratistas durante el periodo de vigencia de la contrata. De las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por los contratistas y subcontratistas con sus trabajadores responderá solidariamente durante el año siguiente a la finalización del encargo. No habrá responsabilidad por los actos del contratista cuando la actividad contratada se refiera exclusivamente a la construcción o reparación que pueda contratar un cabeza de familia respecto de su vivienda, así como cuando el propietario de la obra o industria no contrate su realización por razón de una actividad empresarial.


Por tanto, tras la subcontratación del servicio de limpieza, la empresa principal es responsable solidaria de las obligaciones de naturaleza salarial y las contraídas con la Seguridad Social. Ello implica que existe un interés legítimo para aportar el contrato, en los términos de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

En dicho artículo se establece que no es necesario el consentimiento del titular de los datos de carácter personal, en los siguientes casos:

No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.


En este mismo sentido, el Informe 0479/2005, de la Agencia Española de Protección de Datos, resuelve la cuestión de la cesión de datos en procedimiento judicial sin consentimiento del afectado, señalando lo siguiente:

En este caso, el artículo 11.1 de la Ley dispone que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. No obstante, será posible la comunicación de los datos en caso de que una norma con rango de Ley otorgue cobertura a la comunicación planteada. Sentada esta premisa, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 11.2. d) de la Ley Orgánica 15/1999, se establece igualmente, por vía de excepción, la posibilidad de realizar este tipo de cesiones, sin que concurra el consentimiento del afectado, “Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. Tampoco será preciso el consentimiento cuando la comunicación tenga como destinatario a instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas”. De lo dispuesto en el precepto transcrito se desprende que, con carácter general, siempre que una autoridad judicial considere necesaria la aportación de datos personales obrantes en poder de la Agencia Tributaria, en los términos que el propio Órgano determine, será necesario aportar dichos documentos, pudiendo resultar la decisión de la entidad a que se solicitara la información de no facilitarla o facilitarla parcialmente, contraria a lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución, a cuyo tenor “Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.


Así las cosas, teniendo un interés legítimo, y tratándose del órgano judicial es legítimo aportar el documento.

Por lo expuesto, entendemos que es perfectamente posible aportar al órgano judicial un documento, sin que constituya una cesión ilegal de datos, incluso sin conocimiento del afectado, en este caso, la otra parte contratante.


Esperamos haber resuelto tu consulta, y llámanos si necesitas alguna aclaración.

Recibe un cordial saludo.

Somos abogados

Eduardo Castilla Baiget
Eduardo Castilla Baiget
Licenciado en Derecho y Diplomado por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Navarra.
Vanesa León Arguedas
Vanesa León Arguedas
Graduada en Derecho y Máster Universitario en Acceso a la Abogacía por la Universidad Pública de Navarra
Izaskun Aldabe Muro
Izaskun Aldabe Muro
Graduada en Derecho por la Universidad Pública de Navarra y Premio Extraordinario Fin de Carrera. Máster de Acceso a la Abogacía en la Universidad Pública de Navarra.
Ignacio Chacón Carvalhais
Ignacio Chacón Carvalhais
Graduado en Derecho y Máster de Acceso a la Abogacía por la Universidad Pública de Navarra.