Contrato Con Mutua

Buenos días,

Uno de los delegados de prevención nos ha solicitado, por escrito, copia del contrato de asociación con la Mutua.
En principio no tenemos ningún problema para entregarlo, pero queremos saber si es obligatorio o voluntario.

Gracias,

 08/04/2014  usuario170

Respuesta de despacho:

 09/04/2014  despacho1
Buenos días:

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 36, regula las competencias y facultades de los Delegados de Prevención:
“2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados para:

(…) b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley. Cuando la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad.
c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aun fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos.
d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
(…).”
Como veis, dicho precepto señala una serie de derechos, en materia de información, de los delegados de prevención. En concreto, el apartado 2 d) del anterior artículo recoge el derecho a la obtención de los datos obtenidos por el empresario procedentes, de un lado, “de las personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa” (estos es, de los servicios de prevención, al margen de su naturaleza interna o externa) y, de otro, “de los organismos competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores”.

Por su parte, el artículo 18 de dicha Ley, recoge también acerca del derecho de información:
“1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente Ley, el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con:

a) Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función.
b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior.
c) Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley.
En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos.”

Pues bien, a pesar de que en ninguno de los dos artículos anteriores se recoja la obligación, por parte de la empresa, de entregar a los delegados de prevención, la copia del contrato de asociación con el servicio de prevención, en virtud de diversos pronunciamientos jurisprudenciales similares (no idénticos) podemos extraer que, en efecto, la empresa deberá proporcionar dicha copia.

Por un lado, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sevilla, de 26 de septiembre de 2013, recoge:

“El trabajador, Delegado Sindical de la Sección Sindical de Comisiones Obreras en la empresa demandada interpuso demanda de tutela de derechos fundamentales por violación del derecho a la Libertad Sindical, solicitando, entre otros pedimentos, que se ordenase a la entidad demandada a facilitar al Delegado Sindical de CC.OO. la misma documentación que la empresa debe legalmente poner a disposición del Comité de Empresa, y en particular la copia del contrato o póliza de cobertura de contingencias suscrito por la empresa con la Mutua Universal, y se le condenase a indemnizar al actor por los daños y perjuicios producidos a la suma de 1.000 euros.

Al amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social denuncia la recurrente la vulneración por indebida inaplicación del artículo 28.1 de la Constitución Española con relación al artículo 10.3.1 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, 68 del Estatuto de los Trabajadores , y 63 del Convenio Colectivo Estatal de Seguridad , para sostener, en síntesis que tales normas amparan el derecho de información del delegado sindical, pues la Sección Sindical de CC.OO. en la empresa ostenta el mismo, sin que se pueda compartir la interpretación de instancia según la cual al facilitar la información al Comité de Empresa se da cumplimiento a los preceptos expuestos que se consideran infringidos, ostentando el derecho a la entrega personal de la misma documentación que la empresa debe poner a disposición del Comité de Empresa, sin que se pueda considerar satisfecho tal derecho con la simple "vista" o el "acceso", ya que ha de satisfacerse en iguales términos que se concede a la representación unitaria.

Sentado por tanto el derecho del demandante a recibir la información pertinente, resulta del contenido fáctico de la resolución recurrida que la empresa comunicó al actor la puesta a su disposición de los documentos solicitados, por lo que da así cumplimento al deber de información a que viene obligada y que se considera satisfecho con el acceso otorgado al trabajador. Por tanto, no se evidencia la conducta infractora denunciada, y al haberlo considerado así la sentencia de instancia procede su confirmación con la consiguiente desestimación del recurso interpuesto.”

Como veis, se trata de un supuesto en el cual un delegado sindical solicita a la empresa la copia del contrato con la Mutua. El Tribunal considera que el delegado tiene derecho a ello. Y, en cualquier caso, en este caso concreto, la empresa ya había puesto a disposición del trabajador dicha copia básica.

Por su parte, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 1 de junio de 2005, dispone:
“(…) el acceso a la información ha de entenderse en el sentido más amplio, es decir, de la manera que se facilite o haga más cómoda la función y atribuciones de los delegados. Carece de sentido pensar que, dada la variedad de información que se puede recibir y amplio alcance de la documentación elaborada (evaluación de riesgos, medidas de prevención y protección, resultado de los controles periódicos, práctica de los controles del estado de salud y relación de accidentes de trabajo) la obtención y transmisión de tales singulares y trascendentes datos deba confiarse a la mera consulta y, si acaso, memorización. En concreto, la negativa empresarial a proporcionar copia reconoce el derecho a acceder, que interpreta de manera rigurosa y literalista: «acción de llegar» pero restringe la consecuencia lógica de tal derecho, interpretable de forma amplia porque lo que está en juego es el mismo papel de los delegados de prevención en la empresa. Nos referimos a la necesidad de transmitir esa información cuando el artículo 18 de la Ley, cuya documentación cita el precepto que se dice infringido, establece el derecho de los trabajadores a percibir, a través de sus representantes, determinada informaciones necesarias y relativas a los riesgos generales y particulares descritos y a las medidas de prevención, protección y emergencia, por lo que difícilmente puede transmitir dicha información si no puede proporcionarse copia de los documentos que contienen tal información, muchas veces técnicos y prolijos (por ejemplo instalaciones, equipos, productos, agentes físicos, químicos y biológicos).

Pensemos en los que relaciona el artículo 23, referidos a las materias que cita el artículo 18 (planes de evaluación, análisis de condiciones de trabajo, controles de salud, relación de accidentes de trabajo) y en la dificultad de retener y comunicar las circunstancias que abordan y desarrollan cuando no se puede hacer copia en determinadas materias en las que el detalle puede ser especialmente trascendente. Con independencia del tiempo que se dedique al examen de la documental, cuestión en la que el recurso pone tanto empeño, el cabal conocimiento sólo es el que permite transmitirlo y la carencia de entrega de copia hace ineficaz o ficticia, o al menos restringe, dicha posibilidad de transmisión de datos transcendentes.

Al margen, claro está, de las restricciones para acceder a resultados de los reconocimientos médicos y la información médica de carácter general. La interpretación contextual que la Sala reconoce es entonces la que deriva de tales preceptos y no la que proponle recurso.”

Y, en igual sentido que la anterior, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en su sentencia de 20 diciembre de 2005, señala lo siguiente:
Las facultades de los delegados de prevención están asimiladas en la Ley de Prevención de Riesgos a las de la representación ordinaria, pues se les confiere la misión de colaborar con el empresario y vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos. Ciertamente, no se llega con ello a otorgar los representantes una facultad de codecisión, dado que el poder de dirección y organización sigue siendo una facultad plena del empresario, pero ello no le exime de colaborar, a su vez, con los delegados de prevención facilitándoles la información.

La información que la empresa ha de facilitar está establecida, con carácter general, en el art. 18 de la Ley y se concreta en otros preceptos, como en el art. 20, sobre primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación; el art. 21.1. a), sobre situaciones de riesgo grave e inminente; el art. 22.1 sobre reconocimientos médicos; el art. 24, sobre coordinación de actividades; el art. 26, sobre riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores jóvenes; o el art. 28 sobre trabajadores temporales y empresas de trabajo temporal. Precisamente, el Real Decreto 216/1999 ( RCL 1999, 508) contiene también normas específicas en materia de información cuando se acuda la utilización de trabajadores provenientes de empresas de trabajo temporal.

La obligación de informar impuesta a la empresa atiende a los trabajadores afectados y se extiende a los representantes de los trabajadores y es respecto de éstos donde hemos de analizar el alcance de la calidad y cantidad de información trasmitidas, en tanto que, para los representantes de los trabajadores, no sólo se establece el derecho a obtener información, sino que, además, es competencia de los delegados de prevención «ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales», según resulta del art. 36.1 d) de la Ley. Por tanto, no estamos ante un mero derecho a ser informados, sino ante la instrumentalización de la información como herramienta para el ejercicio de la función esencial, descrita a través de las competencias atribuidas a los delegados de prevención.

Por ello, no podemos compartir el argumento del recurso de que la Ley no impone el deber de entregar documentación alguna. En efecto, no se constata en el texto legal el modo en que la información haya de transmitirse, mas lo que sí es patente es la función que ha de poder desempeñar esa información. Los derechos de los delegados de prevención están vinculados entre sí de modo indisoluble de forma que garanticen que puedan conocer la situación real sobre la seguridad y la protección de la salud de los trabajadores en el centro de trabajo. Recuérdese que, además de ejercer la vigilancia y control, han de ser consultados ante la adopción de las medidas del art. 33, emitir informe en cuestiones de planificación (art. 36.1 c) y 36.3) y deben promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos, todo lo cual sólo es posible con un cabal conocimiento de la evaluación de riesgos."

Por todo lo anterior, a pesar de que, en los preceptos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que regulan el derecho de información de los delegados de prevención, no se recoja expresamente la obligación por parte de la empresa de facilitar la copia del contrato de asociación formalizado con la Mutua, entendemos que debéis acceder a su petición. Y ello debido a que, tal y como señala la anterior jurisprudencia, el derecho a la información no es un mero derecho inmaterial, sino que debe ser instrumentalizado mediante la entrega de los documentos y copias pertinentes.

Esperamos haber resuelto su consulta.

Reciba un cordial saludo.

Somos abogados

Eduardo Castilla Baiget
Eduardo Castilla Baiget
Licenciado en Derecho y Diplomado por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Navarra.
Vanesa León Arguedas
Vanesa León Arguedas
Graduada en Derecho y Máster Universitario en Acceso a la Abogacía por la Universidad Pública de Navarra
Izaskun Aldabe Muro
Izaskun Aldabe Muro
Graduada en Derecho por la Universidad Pública de Navarra y Premio Extraordinario Fin de Carrera. Máster de Acceso a la Abogacía en la Universidad Pública de Navarra.
Ignacio Chacón Carvalhais
Ignacio Chacón Carvalhais
Graduado en Derecho y Máster de Acceso a la Abogacía por la Universidad Pública de Navarra.