Acta Infraccion Procedimiento

Me es notificada acta infracción el 14 septiembre 2.015 mediante acuse de recibo, de un acta de infracción que lleva fecha del 19 agosto del 2015. Podré alegar al amparo del art. 17.1 RD 928/1998 de 14 mayo y en el plazo de 15 la caducidad del procedimiento por no habérseme comunicado en el plazo de 10 días hábiles. ?
Por otro lado; si procediese el archivo de las actuaciones ,  podrá reiniciar el procedimiento de nuevo y quizás portarse peor. ?
 

 17/09/2015  usuario1439

Respuesta de despacho:

 18/09/2015  despacho1

Buenos días:

El Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de Orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, establece en su artículo 17.1 lo siguiente:
 

Las actas de infracción serán notificadas al presunto sujeto o sujetos responsables en el plazo de diez días hábiles contados a partir del término de la actuación inspectora, entendiéndose por ésta la de la fecha del acta, advirtiéndoles que podrán formular escrito de alegaciones en el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente a su notificación, acompañado de la prueba que estimen pertinente, ante el órgano competente para resolver el expediente.



Asimismo, la Ley  30/1992 , de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece en su artículo 63 lo siguiente:
 

1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.
3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.


 

En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de enero de 2014 señala lo siguiente:
 

. - El art. 17 del  RD 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre Procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, dispone lo siguiente: "Las actas de infracción serán notificadas al presunto sujeto o sujetos responsables en el plazo de diez días hábiles contados a partir del término de la actuación inspectora, entendiéndose por ésta la de la fecha del acta, advirtiéndoles que podrán formular escrito de alegaciones en el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente a su notificación, acompañado de la prueba que estimen pertinente, ante el órgano instructor del expediente y que en caso de no efectuar alegaciones, el acta de infracción podrá ser considerada propuesta de resolución, con los efectos previstos en los arts. 18 y 18 bis".
El demandante solicita la nulidad de la sanción impuesta, porque se le notificó fuera de plazo el acta de infracción, sin que dicho reproche pueda tomarse en consideración, puesto que se ha probado contundentemente, que no se le notificó en plazo, porque en el domicilio, señalado por él mismo a la TGSS, se devolvieron dos comunicaciones por equivocación en el domicilio, lo que obligó a notificársela en el propio restaurante, de manera que el retraso en la notificación le es imputable al propio demandante, quien debió, si es que ha cambiado de domicilio, notificárselo a la TGSS en debida forma. -
Por lo demás, el retraso en la notificación, provocado por el propio demandante, no le ha generado ningún tipo de indefensión, puesto que se le dieron tres oportunidades de cooperar con la Inspección de Trabajo, sin que se dignara a dar razón de la persona que se negó a identificarse ante la Inspección de Trabajo, pudo hacer alegaciones frente al acta de infracción y recurrir en alzada la sanción impuesta, impugnándola finalmente ante esta Sala.



En este mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 26 de marzo de 2004:
 

“En relación a uno de los motivos que la entidad recurrente aduce frente a la actuación inspectora, consistente en la vulneración del Art. 17.1 R.D.928/1998, de 14 de Mayo, por el que establece "Las actas de infracción serán notificadas al presunto sujeto o sujetos responsables en el plazo de diez días hábiles contados a partir del término de la actuación inspectora, entendiéndose por ésta la de la fecha del acta....", merece el rechazo por esta Sala, ya que en primer lugar, ello se cumplió, pues, el Acta esta fechada el día 3/10/02, habiéndose notificado en plazo, el día 9/10/02 yen segundo, de haber existido dicha irregularidad esta no hubiera producido la nulidad, pues, no reúne los elementos para causar la invalidez del procedimiento sancionador según el criterio de la doctrina jurisprudencial al no tener la entidad suficiente para viciar el procedimiento y no haber causado indefensión.”



De igual manera, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 30 de junio de 2001:
 

“Como primer motivo de impugnación se alega la vulneración del art. 29 del RD 396/96, de 1 de marzo, por el que se regulaba el procedimiento para la imposición de sanciones en el orden social, en el que se establecía que "las actas de infracción serán notificadas al presunto sujeto o sujetos responsables en el plazo de diez días hábiles contados a partir del término de la actuación inspectora, entendiéndose por ésta la fecha del acta". El acta está fechada el 30 de marzo de 1998 y le fue notificada el 11 de abril. Ciertamente, la notificación se produjo un día después de lo preceptuado, pero de ello no pueden extraerse las consecuencias de nulidad alegadas, pues ciertamente, aun tratándose de un acto anulable, en los términos del art. 63 de la Ley 30/92, ello no ha dado lugar a indefensión ni viene impuesto por la naturaleza del plazo.”



Por tanto, como puede observarse, la notificación fuera del plazo establecido en el artículo 17.1 RD 298/1998 da lugar a la anulabilidad del acto, no obstante, según la jurisprudencia señalada esto no causa la invalidez del procedimiento, toda vez que, el interesado está en plazo para realizar alegaciones así como para recurrir el procedimiento. Lo anterior da lugar a que no se cause indefensión alguna al interesado pues la notificación tardía no tiene la entidad suficiente para determinar la caducidad del procedimiento.

Por otra parte, en relación con la caducidad del procedimiento, el artículo 20.3 de este mismo Real Decreto señala el plazo de seis meses para dictar resolución:
 

Si no se hubiese recaído resolución transcurridos seis meses desde la fecha del acta, sin cómputo de las interrupciones por causas imputables a los interesados o de la suspensión del procedimiento a que se refiere este Reglamento, se iniciará el cómputo del plazo de treinta días establecido en el artículo 43.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Transcurrido el plazo de caducidad el órgano competente emitirá, a solicitud del interesado, certificación en la que conste que ha caducado el procedimiento y se ha procedido al archivo de actuaciones.



Por ello, la caducidad del procedimiento sancionador se produce si transcurren seis meses desde la fecha del acta sin que se dicte resolución. En este sentido, el artículo 7.5 establece que la caducidad de un expediente no impide la iniciación de otro con identidad si la infracción no ha prescrito:
 

La caducidad declarada de un expediente administrativo sancionador, no impide la iniciación de otro nuevo con identidad de sujeto, hechos y fundamentos, cuando la infracción denunciada no haya prescrito, y mediante la práctica de nueva acta de infracción.



No obstante, en este caso no se ha producido la caducidad del procedimiento toda vez que la fecha del acta es de 19 de agosto de 2015. Si bien la notificación de la misma se ha producido fuera del plazo establecido ello no implica la caducidad del procedimiento ni la invalidez del mismo ya que este hecho no produce indefensión al interesado. 


Esperamos haber resuelto tu consulta, y llámanos si necesitas alguna aclaración.

Recibe un cordial saludo.

Somos abogados

Eduardo Castilla Baiget
Eduardo Castilla Baiget
Licenciado en Derecho y Diplomado por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Navarra.
Vanesa León Arguedas
Vanesa León Arguedas
Graduada en Derecho y Máster Universitario en Acceso a la Abogacía por la Universidad Pública de Navarra
Izaskun Aldabe Muro
Izaskun Aldabe Muro
Graduada en Derecho por la Universidad Pública de Navarra y Premio Extraordinario Fin de Carrera. Máster de Acceso a la Abogacía en la Universidad Pública de Navarra.
Ignacio Chacón Carvalhais
Ignacio Chacón Carvalhais
Graduado en Derecho y Máster de Acceso a la Abogacía por la Universidad Pública de Navarra.